Resumen: PRIMERO.- El Sr. Juan Miguel solicitaba en la demanda origen de las actuaciones en curso y presentada el 23 de diciembre de 2020, que se declarase nulo o improcedente el despido objetivo sufrido con efectos del anterior 6 de noviembre, con las consecuencias legales y económicas inherentes a la declaración que definitivamente resultase.
Resumen: PRIMERO.- Doña Rita formula recurso de suplicación contra la sentencia que desestima la demanda que formuló contra el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), reclamando la prestación por desempleo, por el periodo mediante entre el 15 de mayo y el 30 de junio de 2020, al haberse reincorporado al trabajo de forma parcial -veinticinco por ciento de jornada- desde una situación de suspensión de su contrato de trabajo por causa de fuerza mayor.
Resumen: Declarada en la instancia la improcedencia del despido objetivo del actor, recurre la empresa en suplicación. La Sala de lo Social rechaza, en primer lugar, la solicitud de modificación del relato fáctico, al no darse los requisitos jurisprudenciales para acceder a la misma; y, en segundo lugar, desestima el recurso tras aludir a la normativa que regula la materia y la jurisprudencia aplicable sobre la misma, pues la situación económica de la empresa no puede ser razón que justifique la extinción contractual, ya que la disminución de la cifra de negocios en ejercicios anteriores dio lugar a un ERTE de reducción de jornada que no afectó al actor, y en 2021 se prevé un incremento productivo; tampoco concurrente una causa productiva, dado que la empresa mantiene íntegra su plantilla, salvo el actor, único despedido y ha procedido a la contratación de nuevos trabajadores. En todo caso, el puesto del actor es necesario y la causa invocada para el cese carece de justificación.
Resumen: El Procedimiento Abreviado no sigue el principio de preclusión en cuanto a la proposición de prueba, cuyo periodo se inicia con el escrito de calificación provisional y llega hasta el mismo momento del inicio del Plenario; pero en este último caso, tiene como limitación, que puedan practicarse en el acto del Plenario. Se confirma el pronunciamiento condenatorio que tuvo en cuenta la documental relativa a la Resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico en la que se declaró la pérdida de la autorización administrativa para conducir del acusado que se le notificó personalmente por la declaración del funcionario de correos que realizó la misma al acusado, y por la hoja histórico penal del acusado que refleja que fue condenado en dos diligencias urgentes por conducir sin permiso, siendo la sentencia de conformidad, lo que no se aviene bien con las alegaciones exculpatorias de la defensa. Al no constar otras circunstancias que afecten a la disponibilidad económica del acusado que las alegadas en el escrito de interposición de recurso relativas a que exclusivamente percibe una pensión de 400 euros al mes, siendo la cuota diaria impuesta de seis euros, y no constando la existencia de cargas especiales ni la situación de indigencia absoluta del recurrente y teniendo en cuenta que la cuota fijada de 6 euros se halla muy próxima al mínimo, debe mantenerse la cuota-día de la multa fijada en la sentencia impugnada, puesto que se trata de una cuota considerada mínima.
